{"id":1343,"date":"2019-04-01T13:53:00","date_gmt":"2019-04-01T19:53:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/?p=1343"},"modified":"2019-04-01T14:37:40","modified_gmt":"2019-04-01T20:37:40","slug":"la-division-de-trabajadores-agricolas-asegura-un-acuerdo-de-75000-en-caso-de-la-trata-de-personas-en-el-aspecto-laboral","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/la-division-de-trabajadores-agricolas-asegura-un-acuerdo-de-75000-en-caso-de-la-trata-de-personas-en-el-aspecto-laboral\/","title":{"rendered":"La Divisi\u00f3n de Trabajadores Agr\u00edcolas asegura un acuerdo de $75,000 en caso de la trata de personas en el aspecto laboral"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1347 alignleft\" src=\"http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266-300x225.jpg 300w, http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266-768x576.jpg 768w, http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266-1024x768.jpg 1024w, http:\/\/www.farmworkerlanc.org\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/100_1266-400x300.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Un grupo de 13 trabajadores agr\u00edcolas migrantes representados por Ayuda Legal de Carolina del Norte de la Divisi\u00f3n de Trabajadores Agr\u00edcolas ha obtenido justicia &#8211; y $75,000 &#8211; en un caso de la trata de personas en el aspecto laboral que involucra el programa federal de visas H-2A. El caso, <em>Eliseo Alonso-Miranda, et al. v. Cirila Garcia-Pineda, et al., <\/em>fue resuelto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte el 26 de diciembre del 2018.<\/p>\n<p>La gran parte \u00a0del acuerdo de $75,000 se pagar\u00e1 en da\u00f1os y perjuicios a los clientes de Ayuda Legal: ciudadanos Mexicanos fueron reclutados con una deuda perjudicial para tener la oportunidad de venir a Carolina del Norte en el 2015 con la promesa de una visa de trabajo legal que les proporcionar\u00eda trabajo abundante, un buen salario, y la posibilidad de extender su estad\u00eda en los Estados Unidos\u00a0 al finalizar el tiempo de su visa.<\/p>\n<p>Los que hicieron esas promesas fueron tres contratistas de trabajadores agr\u00edcolas en Stantonsburg, Carolina del Norte: Cirila Garc\u00eda-Pineda, su hija Marisa Garc\u00eda-Pineda y su hijastro Ofelio Garc\u00eda. Los trabajadores dicen que los Garc\u00eda abusaron de las caracter\u00edsticas del programa federal de visa H-2A, el cual permite a los empleadores de los Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para trabajos agr\u00edcolas temporales bajo ciertas condiciones. Los contratistas de trabajadores agr\u00edcolas act\u00faan como intermediarios que reclutan, transportan, supervisan y, a menudo proveen vivienda a trabajadores en nombre de las empresas agr\u00edcolas. La funci\u00f3n de los contratistas de trabajo agr\u00edcola es definida por la ley federal, y los contratistas deben estar certificados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los contratistas de trabajadores agr\u00edcolas, granjas operativas, y las asociaciones de productores, tienen permiso para solicitar directamente a los trabajadores utilizando el programa de visa H-2A.<\/p>\n<p>En la demanda de agosto de 2017 contra los contratistas de Stantonsburg, Lori Johnson, Abogada Directora de la Divisi\u00f3n de Trabajadores Agr\u00edcolas, y la Abogada Supervisora Caitlin Ryland describieron una realidad muy diferente para sus clientes, que la lucrativa oportunidad de trabajo que les prometieron en sus pueblos de origen en M\u00e9xico.<\/p>\n<p>La demanda alega que antes de que los trabajadores llegaran a Carolina del Norte, Cirila hab\u00eda estado operando como una contratista de trabajadores agr\u00edcolas por a\u00f1os, pero su negocio estaba en problemas. Al enfrentar dificultades financieras y sobrellevar m\u00faltiples investigaciones estatales y federales, estaba potencialmente a punto de perder su certificaci\u00f3n como contratista de trabajadores agr\u00edcola. Entonces, se dirigi\u00f3 a su hija Marisa, que en ese momento estaba trabajando como asistente legal en un bufete de abogados en Greenville. Utilizando su nombre para encubrir a su madre, Marisa present\u00f3 las diversas solicitudes requeridas para contratar trabajadores a trav\u00e9s del programa H-2A. Marisa se present\u00f3 ante las agencias federales como la \u00fanica contratista, cuando en realidad, su madre y su hermanastro eran los contratistas de trabajo agr\u00edcola en los campos de trabajo.<\/p>\n<p>Los trabajadores alegan que, en el 2015, los Garc\u00eda les cobraron cuotas sumamente altas e ilegales de reclutamiento, las cuales est\u00e1n expl\u00edcitamente prohibidas por el programa H-2A; les pagaron menos del salario m\u00ednimo de $7.25 por hora y el salario requerido de $10.32 por hora de H-2A por su trabajo en los campos de tabaco y camote; les \u00a0mintieron sobre sus posibilidades de permanecer en los EE.UU.; fallaron en reembolsarles el costo de la visa y los gastos relacionados con los viajes de M\u00e9xico a Carolina del Norte; los aloj\u00f3 en viviendas precarias; los priv\u00f3 de la cobertura de compensaci\u00f3n laboral para trabajadores, a la que tienen derecho seg\u00fan las reglas H-2A; impedido su acceso a la atenci\u00f3n m\u00e9dica; confiscaron sus tarjetas de Seguro Social; utilizaron amenazas y acciones agresivas para intentar confiscar sus pasaportes; e hicieron una demostraci\u00f3n p\u00fablica en donde amenazaron f\u00edsicamente a otro trabajador que se atrevi\u00f3 a preguntar sobre su salario.<\/p>\n<p>&#8220;Nuestros clientes quer\u00edan justicia, y nos alegramos de haber podido ganar algo de eso para ellos,&#8221; dijo Johnson.<\/p>\n<p>La demanda aleg\u00f3 que, en conjunto, las acciones de los contratistas violaron m\u00faltiples leyes estatales y federales, incluyendo la Ley de Horas y Salarios de Carolina del Norte, la Ley de Normas Razonables de Trabajo y la Ley de Protecci\u00f3n de V\u00edctimas de la Trata de Personas, y las reglas del programa H-2A.<\/p>\n<p>&#8220;As\u00ed es la trata de personas en el aspecto laboral,&#8221; dijo Ryland, miembro de la Comisi\u00f3n de Trata de Personas de Carolina del Norte. &#8220;La trata de personas en el aspecto sexual podr\u00e1 ser m\u00e1s conocido, pero la trata de personas en el aspecto laboral es igual de pernicioso y demasiado frecuente, especialmente en las industrias donde se utilizan los servicios de contrataci\u00f3n laboral.&#8221;<\/p>\n<p>&#8220;La industria agr\u00edcola de Carolina del Norte es uno de los mayores usuarios del programa H-2A,&#8221; dijo Johnson. \u201cLos trabajadores del programa H-2A son particularmente vulnerables, a pesar de las protecciones que les garantiza el programa. Normalmente, son reclutados de partes del mundo con menos oportunidades econ\u00f3micas, rara vez hablan ingl\u00e9s, generalmente desconocen sus derechos legales, y dependen de sus empleadores para casi todo: vivienda, correspondencia, acceso a alimentos, atenci\u00f3n m\u00e9dica, lugares de adoraci\u00f3n, informaci\u00f3n&#8230; casi todo. Con sus visas atadas a un empleador, el trabajador H-2A no puede simplemente irse y trabajar legalmente para un empleador diferente. Siempre hay personas que est\u00e1n dispuestas a explotar estas vulnerabilidades para su propio beneficio.&#8221;<\/p>\n<p>Seg\u00fan el acuerdo, los tres contratistas niegan toda responsabilidad, pero aceptan el acuerdo financiero y otros t\u00e9rminos, incluyendo ser prohibidos de por vida de poder participar en el programa H-2A. Este fue un punto discutible para Cirila Garc\u00eda-Pineda, a quien el Departamento de Trabajo de los EE. UU. agreg\u00f3 a su <a href=\"https:\/\/www.dol.gov\/whd\/regs\/statutes\/mspa_debar.htm\">lista de Contratistas de Trabajadores Agr\u00edcolas Inelegibles<\/a> en 2017, la cual la proh\u00edbe participar en cualquier actividad como contratista de trabajadores agr\u00edcolas, ya sea bajo el programa H-2A o no.<\/p>\n<p>Para Marisa Garc\u00eda-Pineda, su acuerdo con la prohibici\u00f3n del programa H2A de por vida se suma a una prohibici\u00f3n de tres a\u00f1os, emitida por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. en 2018, al actuar como contratista de trabajadores agr\u00edcolas fuera del programa H-2A.<\/p>\n<p>Ryland coment\u00f3: \u201cMe siento honrada de haber tenido la oportunidad de representar a este grupo de trabajadores que valientemente levantaron la voz en solidaridad en contra de los que los maltrataron. Nuestros clientes esperan que este acuerdo los ayude a ellos y a sus familias a salir adelante de esta experiencia y al sacar a la luz lo que sucedi\u00f3 va a proteger a otras personas vulnerables de este tipo de \u00a0explotaci\u00f3n.&#8221;<\/p>\n<p><strong>Contacto con los medios<\/strong><\/p>\n<p>Sean Driscoll, Director de Relaciones P\u00fablicas, Ayuda Legal de Carolina del Norte, 919-856-2132, <a href=\"mailto:seand@legalaidnc.org\">seand@legalaidnc.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un grupo de 13 trabajadores agr\u00edcolas migrantes representados por Ayuda Legal de Carolina del Norte de la Divisi\u00f3n de Trabajadores Agr\u00edcolas ha obtenido justicia &#8211; y $75,000 &#8211; en un caso de la trata de personas en el aspecto laboral que involucra el programa federal de visas H-2A. El caso, Eliseo Alonso-Miranda, et al. v. 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