El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra Bladimir Moreno y otros gerentes de Los Villatoros Harvesting. Según el Departamento, Los Villatoros Harvesting era una empresa criminal que sometió a varios trabajadores H-2A mexicanos a trabajos forzados en varios estados, incluyendo a Carolina del Norte. Alega el Departamento que los gerentes confiscaron los pasaportes de los trabajadores, les pusieron deudas, les gritaron y les amenazaron con peligro para ellos y sus familiares, entre otras acusaciones.
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Aquí les proporcionamos una traducción en español del comunicado de prensa completo del Departamento de Justicia. Esta traducción lo realicemos nosotros, no el Departamento de Justicia. NO ES UNA TRADUCCIÓN OFFICIAL.
“Un jurado indagatorio federal en el Distrito Medio de Florida emitió una acusación formal de seis cargos contra tres acusados por sus roles alegados en una conspiración federal de crimen organizado que victimizó a trabajadores mexicanos H-2A que, entre 2015 y 2017, habían trabajado en los Estados Unidos cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas.
La acusación formal alega que desde 2015 hasta 2017, los acusados participaron en la administración de una empresa de contratación laboral para trabajadores agrícolas H-2A llamada Los Villatoros Harvesting (LVH), que funcionaba como una empresa criminal. LVH sometió a varios trabajadores agrícolas mexicanos H-2A empleados en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte a trabajos forzados. LVH también encubrió a trabajadores H-2A en los Estados Unidos después de que sus visas expiraran para obtener ganancias financieras, y cometieron fraude de visas y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
La acusación formal acusa a Bladimir Moreno, un residente permanente de los Estados Unidos y ciudadano de México que era propietario y administraba LVH, y a Christina Gamez, una ciudadana de los Estados Unidos que trabajaba para LVH como contadora, gerente y supervisora, de conspiración bajo la Ley sobre Organizaciones Influidas por la Extorsión y Corrupción (RICO, por sus siglas en inglés), conspiración para cometer trabajos forzados, trabajos forzados y conspiración para obstruir procedimientos ante departamentos, agencias y comités. Guadalupe Mendes Mendoza, ciudadana de México que se desempeñaba como gerente y supervisora de LVH, fue acusada de conspiración para obstruir procedimientos ante agencias.
La acusación formal alega que los acusados de cometer la conspiración de RICO utilizaron LVH como un proyecto criminal. Obtuvieron cientos de horas de trabajo agrícola físicamente agotador de los trabajadores H-2A victimizados a través de medios coercitivos, como imponer deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida abarrotadas, insalubres y degradantes, así como a gritos y abusos verbales; amenazar a los trabajadores con arresto, encarcelamiento y deportación; aislar a los trabajadores y limitar su capacidad para interactuar con cualquier persona que no sean empleados de LVH; y sugiriendo a los trabajadores que si no cumplían con las demandas de los acusados, ellos o sus familiares podrían sufrir daños físicos.
Se investigo este caso el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach (que incluye al FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach), con la asistencia del Departamento de Trabajo de los EE. UU. – Oficina del Inspector General, y el Departamento de Estado de los EE. UU. – Servicio de Seguridad Diplomática. Se enjuiciará por el Fiscal Asistente Federal Frank Murray y los Abogados Litigantes Avner Shapiro y Maryam Zhuravitsky de la División de Derechos Civiles.
Una acusación formal es simplemente un cargo formal de que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y cada acusado se presume inocente a menos que, y hasta que, se demuestre su culpabilidad”.