Un grupo de 13 trabajadores agrícolas migrantes representados por Ayuda Legal de Carolina del Norte de la División de Trabajadores Agrícolas ha obtenido justicia – y $75,000 – en un caso de la trata de personas en el aspecto laboral que involucra el programa federal de visas H-2A. El caso, Eliseo Alonso-Miranda, et al. v. Cirila Garcia-Pineda, et al., fue resuelto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte el 26 de diciembre del 2018.

La gran parte  del acuerdo de $75,000 se pagará en daños y perjuicios a los clientes de Ayuda Legal: ciudadanos Mexicanos fueron reclutados con una deuda perjudicial para tener la oportunidad de venir a Carolina del Norte en el 2015 con la promesa de una visa de trabajo legal que les proporcionaría trabajo abundante, un buen salario, y la posibilidad de extender su estadía en los Estados Unidos  al finalizar el tiempo de su visa.

Los que hicieron esas promesas fueron tres contratistas de trabajadores agrícolas en Stantonsburg, Carolina del Norte: Cirila García-Pineda, su hija Marisa García-Pineda y su hijastro Ofelio García. Los trabajadores dicen que los García abusaron de las características del programa federal de visa H-2A, el cual permite a los empleadores de los Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para trabajos agrícolas temporales bajo ciertas condiciones. Los contratistas de trabajadores agrícolas actúan como intermediarios que reclutan, transportan, supervisan y, a menudo proveen vivienda a trabajadores en nombre de las empresas agrícolas. La función de los contratistas de trabajo agrícola es definida por la ley federal, y los contratistas deben estar certificados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los contratistas de trabajadores agrícolas, granjas operativas, y las asociaciones de productores, tienen permiso para solicitar directamente a los trabajadores utilizando el programa de visa H-2A.

En la demanda de agosto de 2017 contra los contratistas de Stantonsburg, Lori Johnson, Abogada Directora de la División de Trabajadores Agrícolas, y la Abogada Supervisora Caitlin Ryland describieron una realidad muy diferente para sus clientes, que la lucrativa oportunidad de trabajo que les prometieron en sus pueblos de origen en México.

La demanda alega que antes de que los trabajadores llegaran a Carolina del Norte, Cirila había estado operando como una contratista de trabajadores agrícolas por años, pero su negocio estaba en problemas. Al enfrentar dificultades financieras y sobrellevar múltiples investigaciones estatales y federales, estaba potencialmente a punto de perder su certificación como contratista de trabajadores agrícola. Entonces, se dirigió a su hija Marisa, que en ese momento estaba trabajando como asistente legal en un bufete de abogados en Greenville. Utilizando su nombre para encubrir a su madre, Marisa presentó las diversas solicitudes requeridas para contratar trabajadores a través del programa H-2A. Marisa se presentó ante las agencias federales como la única contratista, cuando en realidad, su madre y su hermanastro eran los contratistas de trabajo agrícola en los campos de trabajo.

Los trabajadores alegan que, en el 2015, los García les cobraron cuotas sumamente altas e ilegales de reclutamiento, las cuales están explícitamente prohibidas por el programa H-2A; les pagaron menos del salario mínimo de $7.25 por hora y el salario requerido de $10.32 por hora de H-2A por su trabajo en los campos de tabaco y camote; les  mintieron sobre sus posibilidades de permanecer en los EE.UU.; fallaron en reembolsarles el costo de la visa y los gastos relacionados con los viajes de México a Carolina del Norte; los alojó en viviendas precarias; los privó de la cobertura de compensación laboral para trabajadores, a la que tienen derecho según las reglas H-2A; impedido su acceso a la atención médica; confiscaron sus tarjetas de Seguro Social; utilizaron amenazas y acciones agresivas para intentar confiscar sus pasaportes; e hicieron una demostración pública en donde amenazaron físicamente a otro trabajador que se atrevió a preguntar sobre su salario.

“Nuestros clientes querían justicia, y nos alegramos de haber podido ganar algo de eso para ellos,” dijo Johnson.

La demanda alegó que, en conjunto, las acciones de los contratistas violaron múltiples leyes estatales y federales, incluyendo la Ley de Horas y Salarios de Carolina del Norte, la Ley de Normas Razonables de Trabajo y la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas, y las reglas del programa H-2A.

“Así es la trata de personas en el aspecto laboral,” dijo Ryland, miembro de la Comisión de Trata de Personas de Carolina del Norte. “La trata de personas en el aspecto sexual podrá ser más conocido, pero la trata de personas en el aspecto laboral es igual de pernicioso y demasiado frecuente, especialmente en las industrias donde se utilizan los servicios de contratación laboral.”

“La industria agrícola de Carolina del Norte es uno de los mayores usuarios del programa H-2A,” dijo Johnson. “Los trabajadores del programa H-2A son particularmente vulnerables, a pesar de las protecciones que les garantiza el programa. Normalmente, son reclutados de partes del mundo con menos oportunidades económicas, rara vez hablan inglés, generalmente desconocen sus derechos legales, y dependen de sus empleadores para casi todo: vivienda, correspondencia, acceso a alimentos, atención médica, lugares de adoración, información… casi todo. Con sus visas atadas a un empleador, el trabajador H-2A no puede simplemente irse y trabajar legalmente para un empleador diferente. Siempre hay personas que están dispuestas a explotar estas vulnerabilidades para su propio beneficio.”

Según el acuerdo, los tres contratistas niegan toda responsabilidad, pero aceptan el acuerdo financiero y otros términos, incluyendo ser prohibidos de por vida de poder participar en el programa H-2A. Este fue un punto discutible para Cirila García-Pineda, a quien el Departamento de Trabajo de los EE. UU. agregó a su lista de Contratistas de Trabajadores Agrícolas Inelegibles en 2017, la cual la prohíbe participar en cualquier actividad como contratista de trabajadores agrícolas, ya sea bajo el programa H-2A o no.

Para Marisa García-Pineda, su acuerdo con la prohibición del programa H2A de por vida se suma a una prohibición de tres años, emitida por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. en 2018, al actuar como contratista de trabajadores agrícolas fuera del programa H-2A.

Ryland comentó: “Me siento honrada de haber tenido la oportunidad de representar a este grupo de trabajadores que valientemente levantaron la voz en solidaridad en contra de los que los maltrataron. Nuestros clientes esperan que este acuerdo los ayude a ellos y a sus familias a salir adelante de esta experiencia y al sacar a la luz lo que sucedió va a proteger a otras personas vulnerables de este tipo de  explotación.”

Contacto con los medios

Sean Driscoll, Director de Relaciones Públicas, Ayuda Legal de Carolina del Norte, 919-856-2132, seand@legalaidnc.org